Cada vez más profesionales, funcionarios de instituciones y organizaciones, personas naturales y usuarios del servicio de justicia hacen uso del certificado de firma electrónica emitido por el Consejo de la Judicatura (CJ) que facilita y acorta los tiempos en los trámites en entidades públicas y privadas.

El desarrollo tecnológico hoy posibilita el acceso a plataformas digitales como la Oficina de Gestión Judicial Electrónica que permite la ejecución de trámites judiciales a los profesionales del Derecho y donde es indispensable el uso de la firma electrónica.

A la fecha, el CJ ha otorgado 3.432 certificados de firma electrónica en Manabí. Portoviejo figura como el cantón con mayor número de usuarios de este servicio, registrando 1.264 dispositivos. Manta le sigue con 491 firmas, Chone con 348, Sucre con 141 y Santa Ana con 110.

César Palma, abogado en el libre ejercicio, mencionó que esta herramienta le ha permitido realizar trámites con mayor celeridad desde la comodidad de su casa u oficina. También dijo que cada vez son más las instituciones que prestan servicios en línea y que solicitan la certificación de documentos con firma electrónica.

Esta herramienta que puede ser adquirida por personas naturales y jurídicas desde la web www.icert.fje.gob.ec., o, en las oficinas de la Dirección Provincial del CJ, también puede ser usada en compras públicas, facturación electrónica, operaciones bancarias, trámites judiciales y notariales, medidas de protección, entre otras; además de ser compatible con el Siged, SRI, Quipux, y sistemas transversales de la Función Ejecutiva y Judicial.

El costo del certificado de firma electrónica PKCS#12 es de $26.88; el servidor de firma centralizado SFC, más el software UKC, tiene un valor de $52,64; mientras que el dispositivo criptográfico digital SmartTOKEN cuesta $58,24; estos montos incluyen IVA y deben ser cancelados en las oficinas de BanEcuador para su obtención.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN – MANABÍ